El "Orden" como doctrina de poder
América Latina vive una profunda disputa geopolítica donde las alianzas internacionales, las tensiones democráticas y la polarización redefinen el mapa político continental.
En diversos países de Centro y Sudamérica, gobiernos y movimientos identificados con la derecha y la ultraderecha han ganado terreno con un discurso que coloca el "orden" como respuesta a la inseguridad, la migración, la corrupción y el desencanto ciudadano. Sus críticos sostienen que esa narrativa, más que fortalecer las instituciones, puede derivar al fascismo.
Después que EEUU secuestrara al presidente Nicolás Maduro, en Venezuela, la situación política continúa marcada por denuncias, sanciones internacionales y versiones contrapuestas sobre la legitimidad de sus autoridades y el trato a dirigentes políticos. En Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha sido objeto de cuestionamientos sobre supuestos vínculos de su entorno empresarial con el narcotráfico, mientras también se ha destacado que posee nacionalidad estadounidense además de la ecuatoriana. Él ha rechazado las acusaciones y no existe una condena judicial en su contra.
En Colombia, el presidente electo Abelardo de la Espriella enfrenta cuestionamientos promovidos por sectores opositores respecto de una supuesta ciudadanía estadounidense y presuntos vínculos con organismos de inteligencia de ese país. En ese contexto, Iván Cepeda planteó la desobediencia civil de no obtener una respuesta coherrente.
En Argentina, el presidente Javier Milei ha manifestado abiertamente su alineamiento estratégico con EEUU e Israel. Sus partidarios lo consideran una apuesta por Occidente, sus detractores, una renuncia a la tradicional autonomía diplomática del país.
En Chile, la figura de José Antonio Kast mantiene influencia dentro del espectro conservador con propuestas que sus críticos consideran una reivindicación del modelo económico liberal instaurado durante la década de 1970.
Honduras también permanece bajo observación internacional debido al impacto que el narcotráfico ha tenido sobre su sistema político durante décadas.
El caso del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico, es el germen de esa crisis institucional.
En Bolivia, el gobierno del presidente José Paz enfrenta fuertes críticas de organizaciones opositoras por la adopción de medidas excepcionales de seguridad que, según denuncian, restringen libertades fundamentales. El Ejecutivo sostiene que dichas acciones responden a la necesidad de preservar el orden público.
Perú inicia un nuevo ciclo político bajo una narrativa que coloca el "orden" como eje central del discurso gubernamental. Diversos analistas advierten sobre el riesgo de que ese concepto sea utilizado para justificar restricciones a derechos o una creciente confrontación política. En ese contexto, colectivos como La Resistencia, identificados por numerosos observadores con posiciones de extrema derecha y cercanos al fujimorismo, generan preocupación por hostigamiento contra periodistas, fiscales, jueces y adversarios políticos. Sus integrantes rechazan esas caracterizaciones y sostienen que ejercen su derecho a la protesta.
En Panamá, los especialistas advierten sobre desafíos relacionados con el gobierno y la influencia estadounidense en asuntos estratégicos vinculados al Canal y la seguridad regional.
El Salvador continúa siendo objeto de debates. El presidente Nayib Bukele es reconocido por una política de seguridad que ha reducido drásticamente los índices de homicidios, pero también ha recibido críticas por el impacto de su régimen de excepción sobre las garantías procesales y los derechos humanos. A ello se suma la cooperación con EEUU en materia migratoria y penitenciaria.
Para algunos analistas, el creciente alineamiento de varios gobiernos con Washington responde a intereses estratégicos compartidos, para otros, refleja una pérdida de autonomía política en un contexto de competencia global entre grandes potencias. En ese marco también se inscriben debates abiertos sobre las reiteradas declaraciones del presidente Trump acerca de convertir a Canadá en el "estado 51" o de adquirir Groenlandia, propuestas que, aunque ampliamente rechazadas por esos territorios, alimentan la discusión sobre el alcance de las ambiciones geopolíticas de Estados Unidos.
El "orden" que blandean los gobernantes más truculentos de la región atisba a coartada represiva que a respuesta legítima sobre crisis de gobernabilidad... y puede convertirse en la antesala de las democracias más restringidas.
