La Nación pendiente
Ningún país se desarrolla cuando la corrupción sustituye al mérito, el extractivismo reemplaza a la industria y la improvisación ocupa el lugar de la planificación. Urge recuperar la ética pública, proteger la soberanía y construir un proyecto nacional que piense en las próximas generaciones antes que en las próximas elecciones.
Cada cinco años el Perú cambia de gobierno, pero en los dos últimos periodos presidenciales hemos tenido ocho presidentes. La cuestión gira alrededor de candidatos, escándalos y confrontaciones, sin embargo, los problemas estructurales permanecen casi intactos.
El gobierno que inicia el periodo 2026-2032 recibe una responsabilidad que trasciende la administración cotidiana del Estado. Tiene la oportunidad y el deber de comenzar una etapa en la que el Perú deje de improvisar y asuma un proyecto nacional de largo aliento. No basta con mantener la estabilidad macroeconómica ni con inaugurar obras aisladas, es indispensable definir un rumbo de la Nación. Los dirigentes de los países llamados ricos alcanzaron su desarrollo porque comprendieron que el Estado debía pensar en décadas y no en el siguiente proceso electoral.
La riqueza está en saber hacer con lo que tenemos bajo tierra
El Perú posee petróleo, gas, cobre, hierro, oro, litio, plata, zinc, fosfatos, una de las mayores biodiversidades del planeta y un mar extraordinariamente rico. Sin embargo, continúa dependiendo de la exportación de materias primas. Vendemos minerales sin procesar para luego importar maquinaria, cables, componentes electrónicos, fertilizantes, acero y bienes industriales elaborados con nuestros propios recursos. Exportamos riqueza e importamos valor agregado.
Ninguna nación alcanzó el desarrollo limitándose a extraer y vender recursos naturales. La prosperidad surge cuando esos recursos son transformados por la inteligencia, la tecnología y la industria nacional. El extractivismo no puede seguir siendo un destino inevitable. Debe ser apenas el primer eslabón de una cadena productiva que genere empleo calificado, innovación y soberanía económica.
Industrializar para ser libres
La palabra "industria" ha desaparecido del vocabulario político peruano, cuando debería ser el eje de la controversia nacional.
Industrializar significa fabricar acero suficiente, petroquímicos, fertilizantes, maquinaria, medicamentos, tecnología agrícola, materiales de construcción y equipo bélico. Significa crear conocimiento y empleo especializado. El país necesita formar más ingenieros, técnicos, científicos, geólogos, metalurgistas, ingenieros petroleros, navales, ferroviarios, químicos y especialistas en automatización.
Formar ingenieros petroleros capaces de investigar y desarrollar nuestros yacimientos con tecnología propia, respetando rigurosamente los ecosistemas amazónicos y costeros. Extraer hidrocarburos no implica destruir la naturaleza. El desarrollo y la conservación pueden convivir cuando hay planificación, fiscalización y ciencia.
Sin trenes no hay desarrollo
Hay una infraestructura que debería convertirse en política de Estado por encima de cualquier diferencia partidaria: la red ferroviaria nacional.
Las carreteras saturan el transporte de carga, elevan los costos logísticos, aceleran el deterioro ambiental y corren el riesgo de sucumbir en tiempos de huaycos. Los trenes continúan siendo el medio más eficiente para conectar grandes distancias... trasladando incluso camiones de carga.
El Perú necesita una red ferroviaria moderna que acerque la costa, la sierra y la selva, que conecte puertos con centros industriales y agrícolas. Que reduzca costos para productores y consumidores, que facilite el turismo y que integre regiones históricamente aisladas.
Los países que hoy lideran el desarrollo económico entendieron hace décadas que los ferrocarriles no son un lujo, sino una inversión estratégica. Los trenes superan ampliamente a las carreteras en seguridad y durabilidad, y logran la verdadera descentralización.
Educación para producir
Durante años se ha medido el éxito educativo por el número de universidades, cuando el verdadero indicador debería ser la calidad de los profesionales que egresan.
Requerimos más médicos para cerrar las enormes brechas sanitarias, más ingenieros para construir infraestructura, más técnicos altamente especializados para sostener la industria, más investigadores para generar innovación. La educación debe responder tanto al proyecto nacional como al mercado laboral inmediato. Cada joven que estudia una carrera estratégica representa una inversión en la independencia económica del país.
Salud como inversión
Un país enfermo jamás será competitivo. La salud pública necesita hospitales modernos, equipamiento, investigación biomédica, producción nacional de medicamentos esenciales y una red de atención primaria capaz de prevenir antes que lamentar. También evitar la inoperatividad de los equipos médicos que obliga a los asegurados a pagar por tomografías en clínicas privadas. Invertir en salud no constituye un gasto fiscal. Es fortalecer a su población.
Juntos, ecología y desarrollo
Durante décadas se ha presentado el falso dilema de proteger el ambiente o crecer económicamente. La verdadera discusión consiste en cómo crecer preservando los ecosistemas.
El país alberga una biodiversidad excepcional cuya conservación también posee valor económico mediante el turismo sostenible, la investigación científica, la biotecnología y la agricultura responsable. La minería, la explotación petrolera, la pesca, la agroindustria y cualquier actividad económica deben incorporar estándares ambientales rigurosos. No existe desarrollo posible sobre ríos contaminados, bosques devastados o mares depredados.
Especial atención merece nuestro mar. La pesca ilegal, la sobreexplotación de especies y la insuficiente fiscalización amenazan una de las mayores riquezas alimentarias del planeta. Defender el mar peruano significa proteger empleo, alimentación y soberanía.
El turismo como industria
Pocos países reúnen una diversidad histórica, arqueológica, gastronómica, cultural y natural comparable con la del Perú. Sin embargo, el turismo continúa funcionando muy por debajo de su verdadero potencial.
No basta con promocionar destinos emblemáticos. Hace falta infraestructura, seguridad, trenes, carreteras, conectividad aérea, servicios básicos y planificación territorial. Cada visitante extranjero representa divisas que ingresan sin agotar un recurso natural.
Empresas estratégicas
Todo Estado moderno conserva bajo su influencia determinados sectores estratégicos vinculados a la energía, el agua potable, la infraestructura crítica y los recursos esenciales. En consecuencia, cualquier propuesta relacionada con empresas como Petroperú, Sedapal o Electroperú debe discutirse con absoluta transparencia y pensando en el interés nacional de largo plazo.
Durante la década de 1990, bajo el argumento de modernizar el Estado y reducir el déficit fiscal, fueron privatizadas 228 empresas públicas.
Entre ellas figuraron la Compañía Peruana de Teléfonos y Entel Perú, Centromín Perú, la Refinería La Pampilla, Electrolima, parte de Electroperú, Hierro Perú, Tintaya, Sider Perú, Pesca Perú y entidades del sistema financiero estatal.
El proceso recaudó aproximadamente 9.221 millones de dólares. Sin embargo, investigaciones posteriores del Congreso concluyeron que alrededor de 2.776 millones de dólares no pudieron ser plenamente justificados en las cuentas públicas, alimentando uno de los mayores cuestionamientos de la historia republicana sobre el manejo de esos recursos.
Aquellos episodios forman parte de un periodo que dejó profundas heridas institucionales. Las sentencias judiciales por corrupción, la concentración del poder, las violaciones a los derechos humanos y la red de sobornos organizada desde el Estado terminaron marcando para siempre aquel régimen. Ese legado constituye una advertencia histórica que las nuevas generaciones deben conocer para comprender que la corrupción no aparece de improviso: se instala gradualmente cuando desaparecen los controles y la ciudadanía deja de vigilar. No se trata de vivir anclados en el pasado ni de condenar apellidos. Se trata de aprender que ninguna administración, cualquiera sea su signo político, debe quedar exenta del escrutinio público.
La corrupción, cáncer nacional
Existe un enemigo que ha derrotado por igual a gobiernos de izquierda, de derecha y de centro: la corrupción. Ningún programa económico, ninguna reforma educativa y ninguna obra pública prosperarán mientras el dinero de los peruanos continúe desviándose hacia redes de intereses privados.
Nuestra historia reciente ofrece una lección que no debe diluirse con el paso del tiempo. El régimen encabezado por Alberto fujimori no solo dejó una profunda crisis institucional; las posteriores investigaciones judiciales y parlamentarias revelaron un sistema de corrupción organizado desde las más altas esferas del poder. La compra de congresistas, magistrados, empresarios de medios de comunicación y funcionarios públicos mediante recursos del Estado mostró hasta dónde puede degradarse una democracia cuando desaparecen los controles y se concentra el poder.
Aquel periodo también estuvo marcado por un amplio proceso de privatizaciones. Muchas respondían a una tendencia internacional de la época, sin embargo, numerosas operaciones quedaron bajo sospecha por la falta de transparencia, las condiciones de venta y el manejo de los recursos obtenidos. La Comisión Investigadora del Congreso concluyó que miles de millones de dólares provenientes de esas privatizaciones no pudieron ser plenamente sustentados en las cuentas públicas. Esa historia no debe olvidarse ni relativizarse.
No se trata de condenar un apellido por sí mismo, sino de recordar que los proyectos políticos también heredan responsabilidades históricas. Las nuevas generaciones tienen derecho a conocer que la corrupción, el autoritarismo y la captura de las instituciones no fueron simples errores administrativos, sino hechos que costaron miles de millones al país y debilitaron gravemente la confianza en el Estado. Olvidarlo sería abrir la puerta para repetirlo.
Pensar el Perú dentro de 50 años
Quizá el mayor error de nuestra política consiste en gobernar mirando la siguiente elección y no la siguiente generación.
El Perú necesita un pacto nacional que sobreviva a los gobiernos y que establezca objetivos inalterables: industrialización, infraestructura ferroviaria, educación científica y técnica, salud universal, soberanía energética, protección ambiental, seguridad alimentaria, turismo sostenible, investigación tecnológica y lucha frontal contra la corrupción.
El desafío del gobierno 2026-2032 no debería consistir únicamente en administrar el presente, sino en iniciar una transformación que continúe cuando sus protagonistas ya no estén en el poder.
La corrupción ha cambiado de rostros, de partidos y de discursos, pero siempre ha tenido el propósito de convertir el Estado en botín.
Porque la verdadera grandeza de un gobernante no se mide por los discursos que pronuncia, sino por las instituciones que fortalece y el país que deja a quienes vienen detrás.
Lo único que aún no ha logrado consolidar es la voluntad política de pensar como una nación de largo plazo. Ese sigue siendo nuestro mayor desafío y, al mismo tiempo, nuestra mayor oportunidad.
La soberanía no se negocia
Ningún proyecto nacional puede construirse sobre la renuncia a la soberanía. El Perú debe mantener relaciones diplomáticas, comerciales y militares con todas las naciones, pero sin subordinación a ninguna potencia. La política exterior debe responder exclusivamente al interés patrio.
En ese sentido, resulta indispensable reafirmar un principio que no admite ambigüedades: el territorio peruano no debe albergar bases militares extranjeras permanentes. No se debe convertir parte del territorio nacional en plataforma de intereses geopolíticos ajenos. La defensa de la soberanía corresponde a las Fuerzas Armadas del Perú, fortalecidas con tecnología, industria y capacidades propias.
La verdadera soberanía comienza cuando un país piensa con su propia cabeza, produce con sus propias manos y decide su destino con absoluta independencia.
La neutralidad activa y la autonomía estratégica permitirán al Perú relacionarse con Rusia, Estados Unidos, China, África, Europa, América Latina y cualquier otra nación desde el respeto mutuo, sin convertirse en pieza de confrontaciones que no le pertenecen.
Nuestro país no necesita un salvador ni un caudillo. Necesita ciudadanos vigilantes, instituciones incorruptibles y gobernantes conscientes de que el poder no es un patrimonio personal, sino un mandato temporal otorgado por la Nación. La historia ya ha demostrado el enorme costo de la corrupción, del autoritarismo y de la improvisación. Persistir en ese camino sería condenar a las próximas generaciones a heredar un país que pudo ser una potencia y decidió conformarse con sobrevivir.
El peso de las promesas
Concluida la campaña, comienza el verdadero desafío, gobernar con eficacia, transparencia y resultados.
Con la asunción de Keiko Fujimori a la Presidencia de la República, el Perú inicia un nuevo ciclo político marcado por expectativas y también por el escepticismo de una ciudadanía que espera resultados concretos. El principal reto del nuevo gobierno será convertir sus promesas en políticas eficaces.
La seguridad ciudadana constituye el eje central de su gestión. Entre las principales medidas anunciadas figuran la implementación de Centros de Comando y Videovigilancia (C5i) en las 24 regiones, la incorporación de patrulleros inteligentes, miles de cámaras interconectadas, la modernización de comisarías, la creación de un Comando Unificado Permanente contra la Inseguridad y la construcción de cuatro penales de máxima seguridad. El plan también contempla programas preventivos para jóvenes de zonas vulnerables mediante deporte, becas y orientación psicosocial.
El Perú posee territorio, historia, talento y riqueza natural suficientes para ocupar un lugar de liderazgo en América Latina.
Las metas planteadas (reducir en un 20 % la tasa de homicidios al 2031 y disminuir significativamente la impunidad) son ambiciosas. Su cumplimiento dependerá además de la inversión en tecnología e infraestructura, también de una coordinación efectiva entre el Ejecutivo, la Fiscalía, el Poder Judicial, la PNP Nacional y las Fuerzas Armadas.
En el plano económico y social, el gobierno deberá generar confianza sin perder de vista el fortalecimiento de la salud, la educación, el empleo y la inversión productiva, desafíos que serán determinantes para la estabilidad del país.
Después de las promesas, la nueva administración enfrentará el reto de fortalecer la confianza ciudadana mediante una gestión transparente, el respeto al Estado de derecho y la rendición de cuentas. En democracia, la legitimidad no se sostiene únicamente en el triunfo electoral, sino en la capacidad de gobernar con eficacia y en beneficio del interés nacional. Será la realidad, más que el discurso, la que juzgue el éxito de este nuevo gobierno.
Con la banda presidencial, comienza un gobierno que será evaluado por su capacidad para responder a las demandas de seguridad, desarrollo y fortalecimiento institucional.
"La libertad de prensa no consiste solo en denunciar los errores
del poder, sino también en proponer las ideas
que ayuden a construir un mejor país."
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